Tamar Arranz Descalzo | Representante de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente. Técnica de Economía Solidaria de Cáritas. Publicado en la revista Ecclesia (pdf)
Para Cáritas, la lucha contra la vulneración de los derechos laborales y la defensa del trabajo decente es una prioridad. Para alcanzar este objetivo, el camino elegido por nuestra Confederación pasa por promover una transformación social vinculada al modelo de economía solidaria, que sitúa en el centro a las personas y la sostenibilidad de la vida.
Se trata de impulsar un cambio necesario que nos permita superar esa realidad de injusticia y desigualdad que afecta a una parte significativa de la población (según el VIII Informe FOESSA, 8,5 millones de personas están en exclusión social, lo que supone 1,2 de millones más que antes de la crisis), especialmente a aquellas personas que sigue sin poder acceder a un empleo o a quienes, a pesar de tener un empleo, no consiguen salir de la pobreza (el 14% de las personas que trabajan están en exclusión social, según el citado Informe).
Esta situación se debe a un mercado laboral caracterizado por la precariedad, la temporalidad y los bajos salarios, que colocan a España entre los países de la Unión Europea con mayor proporción de personas trabajadoras pobres. A esto se une la constatación –con datos obtenidos de un estudio elaborado en 20171 y realizado entre las personas que participan en los programas de Cáritas— de que se está normalizando la vulneración de derechos laborales en sectores como la hostelería, la agricultura y el empleo de hogar, ya de por sí muy precarizados. Esta realidad configura un mercado laboral que no asegura unas condiciones de vida dignas.
De estos sectores, el empleo de hogar, por ser el que cuenta con mayor número de inserciones laborales de personas acompañadas por Cáritas y por la amplia experiencia que tienen sus programas en su intermediación, es uno de los que especialmente más nos preocupa y con el
que existe un mayor compromiso en la lucha por su dignificación.
El empleo de hogar se caracteriza por su feminización, invisibilización, falta de reconocimiento social y unas precarias condiciones de trabajo, a lo que se añade una normalización y constante vulneración de derechos laborales. Entre sus particularidades, encontramos que es un sector que está regulado como una “relación laboral especial”, lo que, en la práctica, supone que no gozan de los mismos derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras. Además, se trata de un sector que no está incluido plenamente en el Régimen General de la Seguridad Social y que actualmente se encuentra excluido de determinadas prestaciones, tales como el desempleo y la posibilidad de jubilación anticipada. Junto a ello, al ser una actividad que se realiza en un domicilio particular, un espacio que está considerado como inviolable, el control que se puede ejercer sobre el mismo, principalmente por parte de la Inspección de Trabajo, está bastante limitado, lo que se traduce en una desprotección ante eventuales vulneraciones de derechos.
Es decir, partimos de que el Régimen Especial que regula esta actividad es discriminatorio respecto al Régimen General que regula el resto de trabajos por cuenta ajena, tanto por las condiciones laborales que establece como por la diferencia de acceso a los derechos laborales y a las prestaciones sociales. Esto, unido al hecho de que se trata de un sector feminizado, en el que se realiza una ocupación que tradicionalmente, por la división sexual del trabajo, han cubierto las mujeres de la familia, hace que quienes trabajan en este sector sufran una doble discriminación: la que origina una legislación perjudicial e insuficiente y la motivada por la consideración del trabajo femenino como de segunda categoría. A ello se une el alto porcentaje de trabajo que se realiza dentro de la economía sumergida, lo que coloca a estas trabajadoras en situaciones de mayor opacidad y exclusión.
Por otro lado, al ser una actividad desempeñada mayoritariamente por mujeres migrantes, muchas de ellas en situación administrativa irregular, es esencial destacar el escenario provocado por la intersección de la Ley de extranjería con el Régimen especial de empleadas de hogar, que provoca circunstancias de especial vulnerabilidad al coincidir en unas mismas trabajadoras la discriminación provocada por sus condiciones laborales con la vulneración de sus derechos humanos. Esta situación de irregularidad aboca, además, a las mujeres a trabajar en la economía sumergida durante el tiempo necesario para cumplir el plazo requerido para solicitar el arraigo, un periodo de tiempo durante el cual se encuentran totalmente desprotegidas frente a la vulneración de sus derechos y, por tanto, a la posibilidad de denunciarlo.
Ante esta situación, como plantea la instrucción pastoral Iglesia, Servidora de los pobres, “no podemos callar cuando no se reconocen ni respetan los derechos de las personas”.
Junto al trabajo diario que se realiza a nivel confederal en el acompañamiento a las trabajadoras de hogar, Cáritas desarrolla también desde hace años diversas estrategias de sensibilización e incidencia dirigidas a impulsar la dignificación de este sector, con el objetivo de promover el reconocimiento social y jurídico de una profesión que es esencial para el sostenimiento de las familias y de la sociedad, y, en definitiva, para el sostenimiento de la vida.
Así, ante las elecciones legislativas que se han celebrado este año, Cáritas ha elaborado un documento de propuestas políticas para servir a la transformación de la realidad, con ideas para que las distintas formaciones políticas puedan articular respuestas cercanas, eficaces y de calidad a las necesidades de las personas más vulnerables. Entre estas propuestas destaca la inclusión plena del empleo del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social, a través de la cual Cáritas propone realizar los cambios legislativos necesarios para que las personas empleadas en este sector alcancen la plena equiparación de derechos y tengan garantizada una protección social completa, tal y como establece la Ley General de la Seguridad Social.
El RD 1620/2011 de 14 de noviembre por el que se regulaba la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar sólo equiparó en parte a este colectivo con respecto al resto de personas trabajadoras, al dejarlo excluido de prestaciones tan importantes como el despido, la protección por desempleo, la posibilidad de jubilación anticipada o las prestaciones para personas en situación de desempleo mayores de 52 años. Este marco legal evidencia una clara discriminación en el reconocimiento de derechos laborales y protección social de estas personas respecto al resto de trabajadores y trabajadoras.
Por tanto, Cáritas insta a establecer las medidas legislativas oportunas que garanticen de manera plena los derechos y protección social de las trabajadoras de este sector laboral, que contemplen, también, la necesidad de introducir mecanismos de control que eviten los abusos y las habituales situaciones de vulneración de derechos.
Asimismo, junto a los cambios legales es igualmente necesario acometer dos cambios más. Por un lado, lograr una distribución justa y digna de los trabajos de hogar y de cuidados, tanto en el ámbito privado, para que realmente haya una corresponsabilidad compartida entre los miembros de la familia, como en el público, ya que dado el alto grado de envejecimiento de nuestra sociedad, es cada vez más acuciante la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad en la prestación de los cuidados y articular sin demora unas políticas públicas que den respuesta a las necesidades de las personas y de toda la sociedad en este ámbito. Y por otro, es fundamental dignificar esta profesión y colocarla en el lugar que le corresponde, dada la importancia que los trabajos de hogar y de cuidados tienen para el sostenimiento la vida.
En esta lucha por la dignificación del sector y la defensa del derecho a un trabajo decente de las trabajadoras del hogar, Cáritas participa de forma activa en la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, espacio fundamental de un trabajo en red que tiene como objetivo favorecer dinámicas de sensibilización, visibilización y denuncia para que el acceso a un trabajo decente se convierta en una realidad. Para ello, todas las organizaciones que formamos parte de esta Iniciativa venimos reivindicando desde el comienzo de nuestra labor pública de incidencia la necesidad de distribuir de manera justa y digna el empleo, y de fortalecer la importancia social de todos los trabajos de cuidados, tan indispensables para la vida humana.
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dilluns, 30 de setembre del 2019
ESGLÉSIA PEL TREBALL DECENT - TRABAJADORAS DEL HOGAR: LA URGENCIA DE UNAS CONDICIONES LABORALES DIGNAS
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